La vivienda debe ocupar un lugar central en las políticas públicas y la respuesta a la actual crisis requiere combinar diferentes medidas en función de los perfiles de las personas demandantes. Esta es una de las principales conclusiones de la II Jornada Internacional ‘La crisis de la vivienda. Políticas públicas para hacerle frente a un problema crónico’, una actividad organizada por el Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia (IDEGA) en colaboración con el Consejo Económico y Social de Galicia (CES).
El encuentro, celebrado en el Pazo de Amarante, reunió representantes de las administraciones, personas expertas y entidades sociales para analizar las dimensiones económicas, sociales y territoriales del problema de la vivienda en Galicia. A lo largo de la jornada, los distintos ponentes señalaron que el planeamiento urbanístico territorial se elabora de espaldas a la realidad social, identitaria y demográfica del territorio, sin tener en cuenta hacia donde evolucionará la población en los próximos años, tanto en lo relativo al envejecimiento como a las fluctuacións demográficas y los cambios en los modelos de hogar.
En esta línea, se criticó la desconexión del urbanismo respeto de las dinámicas reales del mercado. “Es absurdo proyectar 10.000 viviendas de manera simultánea que se ocuparán en un período de ocho años y que, treinta años después, envejecerán también de forma simultánea. La planificación actual fracasó de manera sistemática al formular objetivos alejados de las necesidades de las mayorías sociales”, explicó la geógrafa y experta en vivienda del IDEGA María José Piñeira.
Otra de las conclusiones alcanzadas fue que la dificultad del acceso a la vivienda no depende únicamente del poder adquisitivo, sino también de situaciones de exclusión social estructural, como las que afectan a las personas con rentas mínimas como la RISGA o con pensiones no contributivas. “Por ejemplo, en el País Vasco las subvenciones públicas destinadas a la autopromoción comunitaria se asignan de forma progresiva en función del nivel de renta de cada persona. Este sistema constituye una fórmula socialmente más justa y equitativa”, consideró Piñeira. A esto se sumó una denuncia del estigma, del racismo inmobiliario y los discursos de odio que sufren las personas vulnerables durante la búsqueda de vivienda.
Por otra parte, los ponentes coincidieron en que es crucial conocer en profundidad el perfil de las personas demandantes y contar con datos para orientar mejor las políticas públicas. Ocurre lo mismo sobre la falta de datos fiables en la contabilización de la vivienda vacía. En este contexto, se consideró que las administraciones locales son las más adecuadas para realizar los recuentos, ya que se observa una “disparidad” entre lo que recoge el censo y la realidad. “Desde los ayuntamientos sí que se podrían realizar estas recogidas de información que nos permitan obtener datos más fiables. Sin datos no se hace política”, apuntó Piñeira. Además, se subrayó que, aunque las administraciones realizan un esfuerzo para lanzar iniciativas, no acaban por llegar a la población, habiendo por consecuencia un “desconocimiento” de las mismas.
Se abordó también la conveniencia de elaborar medidas para introducir las viviendas vacías en el mercado de alquiler y, aquellas que se encuentren en malas condiciones, puedan rehabilitarse y ofrecerse posteriormente. Se propuso que las administraciones actúen como intermediarios, así como la creación de portales públicos que permitan visibilizar la oferta disponible y facilitar el acceso a la vivienda.
Frente a este panorama, se defendió un modelo de urbanismo de proximidad, basado en barrios vivos y cohesionados, así como la necesidad de regular y planificar para evitar la segregación urbana y la creación de guetos. En este sentido, se apostó por abandonar los planes generales —que pueden tardar hasta 20 años en tramitarse — y sustituirlos por modificaciones puntuales más ágiles.
Por último, se defendió que el derecho de propiedad no puede prevalecer de manera absoluta sobre los derechos fundamentales, citando expresamente el derecho a la accesibilidad y poniendo como ejemplo la instalación de ascensores en edificios antiguos, al tiempo que se advirtió de que los barrios construidos durante los años setenta que carecen de ascensor pueden convertirse en espacios de degradación urbana y abandono.
La II Jornada Internacional organizada por el IDEGA en colaboración con el CES forma parte de las actividades realizadas en el marco del proyecto de investigación ‘(Re)pensar las ciudades y la forma urbana: nuevas políticas para recuperar ciudades habituales en línea con la Agenda Urbana (RENEWPOLI)’, una iniciativa de investigación científica financiada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.
